Actualizada la normativa sobre ordenación de las granjas de porcino

El Consejo de Ministros ha actualizado la normativa para la ordenación de las granjas porcinas para adaptarla a los nuevos retos en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal. En un comunicado, el MAPA ha detallado que el Real Decreto aprobado "supone una profunda revisión" de la normativa vigente, que data del año 2000, y ha destacado que su actualización se ha abordado en colaboración con el sector porcino, las comunidades autónomas y la sociedad civil.

Según el comunicacdo del MAPA, el sector porcino es un "importante motor económico y de empleo para el medio rural", por lo que esta normativa permitirá "compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero". También deberá adaptarse a la legislación sobre "protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales". Este nuevo Real Decreto sienta las bases para "el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años", mediante la integración de los principales retos a los que se enfrenta" y que "definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad". Desde el MAPA han explicado que las novedades pretenden "reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas".

Según el Ministerio, la norma implementa mejoras y novedades en la gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de los mismos. Dicho Plan se amplía a todas las instalaciones y formará parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja. Por otra parte, también introduce medidas para que las granjas de ganado porcino reduzcan sus emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Además, cada granja deberá registrar, de forma individualizada, las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción.

En cuanto a su impacto ambiental, las granjas podrán "reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa".

En cuanto al bienestar animal, las explotaciones deberán tener un plan individual que evalúe los potenciales riesgos, así como las medidas a adoptar para conseguirlo.

La norma introduce también mejoras en las condiciones de bioseguridad de las explotaciones, con el fin de "limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales", y la obligación de tener un veterinario de granja, que "será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales".

El MAPA ha señalado que para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de la nueva norma se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, en la que participarán los representantes de las comunidades autónomas, así como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Derechos Sociales y Agenda 2030.